Madrid, 20 sep (Prensa Latina) Miles de personas tomaron hoy las calles de las barriadas más pobres de la capital española, en protesta por las restricciones que entrarán en vigor mañana ante el incremento exponencial de contagios por la Covid-19.
Agrupaciones vecinales de los seis distritos y siete municipios madrileños afectados por las nuevas medidas se manifestaron en distintos puntos para reivindicar «la dignidad del sur», en alusión a las zonas que serán sometidas a confinamientos parciales.
Al grito de Ayuso dimisión y Sanidad pública, los moradores de esas jurisdicciones, en su mayoría humildes y con una renta media baja, acusaron a la presidenta de la comunidad autónoma (región) de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de clasista y racista.
Denunciaron que las medidas «ineficaces y discriminatorias» anunciadas por la mandataria autonómica, del derechista Partido Popular (PP), se ceban con las clases más desfavorecidas y reclamaron inversiones en sus barrios.
Las limitaciones a la movilidad para frenar el avance del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, pusieron en evidencia las desigualdades existentes entre el norte y el sur de esta región de 6,6 millones de habitantes, que comprende a la capital del país.
No creen las asociaciones de vecinos que el aislamiento selectivo de sus áreas sea una casualidad, y lo achacan a la desigualdad, a la inequidad y a décadas de olvido.
A la protesta en Puente de Vallecas, el distrito metropolitano con mayor incidencia del mortífero virus, acudió una representación de la alianza izquierdista Unidas Podemos (UP), socio del Gobierno de coalición español presidido por el socialdemócrata Pedro Sánchez.
La portavoz de UP en la Asamblea de Madrid (parlamento regional), Isabel Serra, exigió la dimisión de Díaz Ayuso y acusó al PP de orquestar confinamientos «segregacionistas e injustos», mientras se niega a reforzar los servicios públicos, criticó.
Los barrios obreros no pagarán las consecuencias de su nefasta gestión frente a la pandemia de Covid-19, advirtió un manifiesto al que se adhirieron numerosas organizaciones.
Obrero, migrante y sin papeles. Ese sería el más perjudicado por las normas dictadas por la Comunidad de Madrid, dijeron en otro comunicado unas 80 asociaciones sociales y de inmigrantes, que también demandaron el cese de la dirigente conservadora.
Los firmantes del texto tildaron de racismo institucional las palabras de Díaz Ayuso, quien el pasado martes atribuyó el crecimiento de infectados en este territorio al estilo de vida de los migrantes de los vecindarios del sur.